Fiscalización pública en contratos: código civil y comercial

La fiscalización pública es un pilar fundamental en el sistema jurídico argentino, y el Código Civil y Comercial (CCCN) establece un marco normativo específico para su aplicación en el ámbito de los contratos. Este artículo profundiza en los aspectos relevantes de la fiscalización pública en el CCCN, analizando los artículos clave, su impacto en la práctica y las implicancias para las partes involucradas.

El Contrato como Objeto de Fiscalización Pública

El CCCN define al contrato como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a dar, hacer o no hacer algo. La fiscalización pública se centra en garantizar que los contratos se ajusten a la legalidad, la moral y el orden público, protegiendo así los intereses de las partes y de la sociedad en general.

Principios Rectores de la Fiscalización Pública en los Contratos

La fiscalización pública en el ámbito contractual se rige por principios esenciales que buscan asegurar la transparencia, la justicia y la protección de los derechos de las partes. Estos principios incluyen:

• Principio de Autonomía de la Voluntad: Las partes tienen libertad para negociar y pactar las condiciones del contrato, siempre que no sean contrarias a la ley, la moral o el orden público.
• Principio de Buena Fe: Las partes deben actuar con lealtad y transparencia en la negociación y el cumplimiento del contrato.
• Principio de Equidad: Se busca evitar que una parte se aproveche de la debilidad o la ignorancia de la otra.
• Principio de Seguridad Jurídica: Los contratos deben ser claros, precisos y fácilmente interpretables para garantizar la certeza en sus efectos.

Artículos Relevantes del Código Civil y Comercial

El CCCN establece una serie de artículos que regulan la fiscalización pública en el ámbito contractual. A continuación, se analizan algunos de los más relevantes:

Artículo 1254: El Nacimiento del Contrato

El artículo 1254 del CCCN establece que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Este artículo es fundamental para determinar cuándo un contrato adquiere validez legal y crea obligaciones para las partes.

Artículo 1255: Libertad de Pacto

El artículo 1255 reconoce la libertad de las partes para pactar las cláusulas y condiciones que consideren convenientes, siempre que no sean contrarias a las leyes, la moral o el orden público. Este principio es esencial para la autonomía de la voluntad, pero está sujeto a límites que buscan proteger el interés general y la buena fe.

Artículo 1256: Prohibición de Arbitrio Unilateral

El artículo 1256 prohíbe que la validez y el cumplimiento de los contratos se dejen al arbitrio de uno de los contratantes. Esto significa que las partes no pueden delegar la decisión final sobre la validez o el cumplimiento del contrato en una sola de ellas.

Artículo 1257: Efectos del Contrato

El artículo 1257 establece que los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo que los derechos y obligaciones sean intransmisibles por naturaleza, pacto o disposición legal. También se contempla la posibilidad de que un tercero pueda exigir el cumplimiento del contrato si ha sido notificado y ha aceptado la estipulación a su favor.

Artículo 1258: Perfeccionamiento del Contrato

El artículo 1258 establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Este artículo subraya la importancia de la buena fe en la interpretación y el cumplimiento del contrato.

Artículo 1259: Representación Legal

El artículo 1259 prohíbe contratar a nombre de otro sin estar autorizado o sin tener representación legal. La falta de autorización o representación legal puede invalidar el contrato, salvo que sea ratificado por la persona a cuyo nombre se otorgue. Este artículo protege la seguridad jurídica y la validez de los contratos.

Fiscalización Pública en el Contexto del Código Civil y Comercial

La fiscalización pública juega un papel crucial en el ámbito contractual, asegurando que los contratos se ajusten a la legalidad y protegiendo los intereses de las partes. La fiscalización puede ser ejercida por diversos organismos, como:

• Poder Judicial: A través de la resolución de litigios y la aplicación de las normas legales.
• Organismos de Control: Como la AFIP, la CNV, la Defensoría del Pueblo, etc., que supervisan el cumplimiento de las leyes y normas específicas.
• Entidades de Consumo: Que protegen los derechos de los consumidores en las relaciones contractuales.

Fiscalización Pública en la Ley de Locaciones

La Ley de Locaciones, que fue modificada por el DNU Nro. 70 del 20 de diciembre de 2023, también está sujeta a la fiscalización pública. El DNU introduce importantes cambios en la normativa aplicable a los contratos de locación, incluyendo:

Artículo 1198: Flexibilización de Plazos

El artículo 1198 elimina los plazos mínimos legales para los contratos de locación de inmuebles, permitiendo a las partes pactar libremente la duración del contrato. En caso de no establecerse un plazo, se aplicarán los plazos del CCCN: dos años para vivienda permanente, tres años para otros destinos y el plazo establecido por los usos y costumbres para locaciones temporales.

Artículo 1199: Libertad en la Fijación del Precio

El artículo 1199 permite la fijación del precio en moneda de curso legal o en moneda extranjera. También permite que las partes acuerden libremente un índice de ajuste para los alquileres. En caso de que el índice elegido deje de publicarse, se aplicará el índice oficial similar que publique el INDEC.

Artículo 1221: Rescisión Unilateral del Contrato

El artículo 1221 otorga al locatario el derecho a rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, pagando el 10% del saldo del canon locativo futuro. Esta disposición genera debate sobre la posibilidad de renunciar a este derecho y si la multa del 10% puede ser modificada por acuerdo de partes.

Artículo 1196: Periodicidad del Pago

El artículo 1196 permite que las partes acuerden libremente la periodicidad del pago, la cual no podrá ser inferior a un mes. También se permite pactar libremente las cantidades y monedas para la fianza y el depósito en garantía.

Derogación de Artículos

El DNU deroga los artículos 1202, 1204 y 1204 bis del CCCN, relacionados con el pago de mejoras, la pérdida de luminosidad y la compensación de gastos.

Fiscalización Pública en la Fijación del Precio

El artículo 1447 del CCCN establece que para que el precio se tenga por cierto, debe ser determinado o estar referenciado a otra cosa cierta. Si el precio se deja al arbitrio de una persona determinada, pero esta no puede o no quiere fijarlo, el contrato será ineficaz. Este artículo destaca la importancia de la certeza en la fijación del precio para la validez del contrato.

Impacto de la Fiscalización Pública en los Contratos

La fiscalización pública tiene un impacto significativo en los contratos, ya que:

• Garantiza la Legalidad: Asegura que los contratos se ajusten a las normas legales, evitando la celebración de contratos ilegales o abusivos.
• Protege los Derechos de las Partes: Evita que una parte se aproveche de la otra, asegurando la equidad y la justicia en la relación contractual.
• Promueve la Seguridad Jurídica: Crea un entorno predecible y confiable para las partes, al garantizar que los contratos se cumplan de acuerdo con las normas legales.
• Incentiva la Confianza: Fomenta la confianza en el sistema legal, al asegurar que los contratos se ajusten a la ley y que las partes puedan recurrir a la justicia en caso de incumplimiento.

Lo que necesits saber sobre Fiscalización Pública en el Código Civil y Comercial

¿Qué sucede si un contrato no cumple con las normas de fiscalización pública?

Un contrato que no cumple con las normas de fiscalización pública puede ser declarado nulo o ineficaz. Esto significa que el contrato no produce efectos legales y las partes no están obligadas a cumplirlo.

¿Quién puede denunciar un contrato que no cumple con las normas de fiscalización pública?

Cualquier persona que se vea afectada por un contrato que no cumple con las normas de fiscalización pública puede denunciarlo. Esto incluye a las partes del contrato, a organismos de control, a entidades de consumo y a la sociedad en general.

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir un contrato sujeto a fiscalización pública?

Las consecuencias de incumplir un contrato sujeto a fiscalización pública pueden variar dependiendo del tipo de contrato y de la gravedad del incumplimiento. Pueden incluir multas, sanciones, rescisión del contrato, responsabilidad civil o incluso responsabilidad penal.

¿Cómo puedo asegurarme de que un contrato que estoy firmando cumple con las normas de fiscalización pública?

Para asegurarse de que un contrato cumple con las normas de fiscalización pública, se recomienda:

• Leer cuidadosamente el contrato: Prestar atención a las cláusulas y condiciones, especialmente a las que puedan ser consideradas abusivas o ilegales.
• Solicitar asesoramiento legal: Consultar con un abogado especializado en derecho contractual para que revise el contrato y le explique sus derechos y obligaciones.
• Negociar las cláusulas: No tener miedo de negociar las cláusulas del contrato para lograr un acuerdo justo y equilibrado.

La fiscalización pública juega un papel fundamental en el sistema jurídico argentino, asegurando la legalidad y la protección de los derechos en el ámbito contractual. El Código Civil y Comercial establece un marco normativo específico para la fiscalización pública en los contratos, protegiendo los intereses de las partes y de la sociedad en general. Es importante que las partes conozcan sus derechos y obligaciones en relación con la fiscalización pública, y que actúen con buena fe y transparencia en la negociación y el cumplimiento de los contratos.